Lucas Jolias
- 1 dic 2022
- 6 Min. de lectura

¿De que hablamos cuando hablamos de ‘’El ciudadano en el centro’’?

Por Lucas Jolías, Ana Castro y Jesús Cepeda

Un poco de contexto

La historia de la democracia es la historia de cómo conjugar ideales y valores en instituciones, reglas y prácticas concretas. Las tensiones que se han generado a lo largo de siglos no sólo tienen que ver con discusiones teóricas, con ponernos de acuerdo en lo que significa para cada uno la democracia, sino que además tienen que ver con cómo transformamos esos valores en reglas y procesos de la vida política cotidiana. Uno puede estar de acuerdo en que la democracia implica la participación ciudadana en las decisiones de gobierno y sin embargo no acordar si esa participación se hará mediante reglas de mayoría absoluta o simple, si será imperativa o consultiva, o si esa participación será obligatoria o voluntaria. Es más, el principal conflicto está en cómo transformamos esos ideales en prácticas concretas y no tanto en los ideales en sí mismos. Para una democracia de calidad importan tanto las prácticas e instituciones como los valores y mecanismos que esa democracia representa, no es posible lo uno sin lo otro.

En esa larga historia de discusiones sobre valores y prácticas, la democracia se ha ido transformando constantemente. Más allá de que podamos o no estar satisfechos con sus resultados, la democracia nunca es un proceso estancado, sino que se transforma y evoluciona al mismo tiempo que otros procesos sociales. Basta con echar un vistazo a la idea y práctica que se tenía de la democracia a comienzos del siglo veinte, para darse cuenta que en cien años la cosa ha cambiado, y mucho. La pregunta central hoy es cómo impacta Internet y las nuevas tecnologías en los sistemas democráticos actuales, en la crisis de los sistemas democráticos actuales. Algunos sucesos de los últimos años nos dan un indicio.

Los movimientos sociales y las manifestaciones a nivel global de estas últimas dos décadas, no sólo nos muestran el poder que las nuevas tecnologías han dado a la gente para organizarse prescindiendo de organizaciones formales, sino también nos señalan un cambio de legitimidad sobre el ejercicio democrático. En un análisis comparado sobre las manifestaciones de estudiantes en Chile y los Indignados españoles, Javier Sajuria (2013) nos muestra cómo existe una adecuación entre el ideal que los manifestantes tienen sobre la democracia y la visión acerca de cómo funciona Internet. Si su hipótesis es correcta, entonces estaríamos presenciando un nuevo cambio en la legitimidad de lo que debería ser la democracia. Este cambio nuevamente está influenciado (entre muchos otros) por innovaciones en las tecnologías de comunicación, por nuevas herramientas. El ideal de entender al Internet como una red descentralizada, en donde cada individuo tiene la posibilidad de expresarse por fuera de los grandes medios u organizaciones se funde con un ideal de la democracia en la cual cada ciudadano pueda expresar sus preferencias sin intermediarios.

Aunque todos sabemos que en realidad Internet no es tan descentralizada ni tan “democrática”, lo que cuentan son los imaginarios sociales sobre este fenómeno. Si el trabajo de Sajuria está en lo correcto, entonces existe un parecido de familia entre el ideal democrático que poseen los manifestantes y su imaginario sobre la “red de redes”. Haciendo una simplificación, podríamos afirmar que los manifestantes reclaman que la democracia se parezca un poco más al imaginario de cómo funciona Internet (abierto, descentralizado, sin intermediarios, en tiempo real, etc.). Otra de las causas de la insatisfacción de la ciudadanía con respecto a la democracia (y los gobiernos en general) tiene que ver con las expectativas en cuanto a la entrega de servicios.

''El ciudadano en el centro''

Mientras que el sector privado ha sofisticado sus servicios a tal punto que podemos comprar un artículo en la otra parte del mundo y tenerlo en la puerta de nuestro hogar en pocas horas o días, el sector público no ha avanzado a la misma velocidad. La ciudadanía espera que los servicios sean en tiempo real, customizados y personalizados, pero al interactuar con el sector público esto no es así, lo que ha generado una insatisfacción muy profunda en cuanto al sector público y su capacidad para resolver o arbitrar problemas sociales (Berggruen Institute 2020). Obviamente que también afecta nuestra percepción de la democracia: emitir un voto para luego volver a dar nuestra valoración 4 años más tarde no concuerda con esa experiencia en tiempo real y personalizada que vivimos en otros aspectos de nuestra vida. En palabras de Audrey Tang, Ministra Digital de Taiwán, necesitamos aumentar el “bit rate democrático”, es decir, nuestros gobiernos necesitan adaptarse a las expectativas de los ciudadanos y no a la inversa. Para ello, necesitamos cambiar el paradigma de la gobernanza de datos, de la centralización, o mejor dicho, de la notarización de la confianza y, sobre todo, de lo que significa ser un ciudadano y tener propiedad de activos y documentos. Necesitamos evolucionar la relación ciudadano-gobierno e ir hacia un Estado que tenga a los ciudadanos en el centro de su operatoria.

Avanzar hacia un gobierno centrado en el ciudadano significa cambiar la gobernanza actual de la identidad digital. Los modelos de identidad caen en la regla de oro de la burocracia: silos estancos de información. Cada organización emite una credencial de identidad digital a un ciudadano para permitirle acceder a sus servicios. Cada usuario necesita una nueva credencial de identidad digital para cada nueva organización con la que se relaciona. Por lo general, eso proporciona una pésima experiencia de usuario. Basta con recordar todos los portales de organizaciones públicas que hemos tenido que registrarnos (municipios, gobiernos federales, nacionales, universidades, autoridades impositivas, etc) y crear nuevos usuarios y contraseñas. Cualquiera que conozca la función pública dirá que esto se debe a que es muy difícil que distintas organizaciones, federales y con similar legitimidad, cooperen entre sí. El problema de la interoperabilidad no es técnico, sino político-administrativo. Sin embargo esto es cierto en parte, ya que existe una causa anterior que atraviesa a toda la administración pública a nivel global y que James C. Scott (1998) lo analiza muy bien en su libro “Seeing like the state”: para que un proyecto a gran escala (como la identidad) pueda funcionar, el Estado necesita traducirlo en un problema administrativo. Esto se traduce en que la administración pública ve a la identidad como un problema del Estado, de la burocracia pública, y no como un atributo de la ciudadanía. El problema de la identidad no se resuelve con el modelo ideal de “poner de acuerdo” a todas las instituciones públicas para que compartan información, a lo sumo eso es posible en Estados pequeños y con poco desarrollo histórico como Estonia o Uruguay. Para el caso de México eso significa poner de acuerdo a 2.469 municipios, 32 estados, cientos de organizaciones públicas descentralizadas y un Estado nacional compuesto por cientos de organismos y múltiples visiones partidistas, todos ellos con igual legitimidad de origen y relativa autonomía. La solución a esto es dejar de “ver como el Estado” y comenzar a “ver como el ciudadano”. Poner al ciudadano en el centro de la identidad y devolverle la soberanía de su información. Si en el mundo de los datos abiertos repetimos que el Estado no es el dueño de la información, sino que simplemente almacena y gestiona datos que son de la ciudadanía ¿por qué no aplicar este mismo modelo a la identidad digital de las personas? A eso se refiere el movimiento de la Identidad Descentralizada, a devolverle al ciudadano la potestad y el manejo de su propia información; pero también ser una respuesta al problema de los silos estancos de información y de la falta de interoperabilidad del Estado. Este es el verdadero cambio de paradigma que blockchain viene a posibilitar.

Conclusión

Estamos frente a una revolución tecnológica que repercute directamente en cambios organizacionales, económicos y políticos. Mientras que las otras revoluciones TIC como Internet o la web impactaron directamente en el Estado y acuñaron conceptos como Gobierno Digital o Gobierno Abierto, estamos convencidos que esta nueva era del blockchain y la Web 3 implica un gran desafío de adaptación y una gran oportunidad hacia la transición digital, económica, social y política de nuestros gobiernos. La ciudadanía tiene hoy herramientas que le permiten auto organizarse como nunca antes y expresarse sin la necesidad de intermediarios, al tiempo que las instituciones tradicionales pierden día a día la confianza de sus ciudadanos. Empoderar a los ciudadanos debe ser la premisa de los gobiernos del siglo XXI y para ello es necesario “devolverle” su identidad, devolverle su soberanía. La Identidad Descentralizada puede significar un cambio de paradigma en la relación entre ciudadano y gobierno, tanto en aspectos burocráticos como en la mejora de nuestras democracias, porque simplifica el manejo de mis propias credenciales como individuo, acelera trámites y baja los costos de transacción con el Estado y con terceros validadores de mi información. Esto es un gran avance en la entrega de servicios públicos y puede abrir un camino en la reconstrucción de la confianza en nuestras instituciones, pero también tiene fuertes implicancias en la mejora de nuestros regímenes democráticos: que el ciudadano sea dueño de su propia identidad digital es un elemento clave para resignificar la democracia en tiempos actuales.